Implantación de renovables
Greenpeace exige la prohibición de las malas prácticas y medidas de transparencia, participación social y protección de la biodiversidad
- El informe identifica 18 casos paradigmáticos de malas prácticas que favorecen la actual tensión social y 7 casos de buenas prácticas.
- La organización pide al Gobierno derogar la “tramitación ambiental express” y una zonificación ambiental que preserve las zonas de alta sensibilidad ambiental y priorice las degradadas.
- Asimismo, Greenpeace reclama mecanismos de participación y reparto justo de los beneficios con las comunidades locales.
- Greenpeace afirma que es perfectamente posible conseguir una implantación de las energías renovables urgente al mismo tiempo que respetuosa con las personas y la biodiversidad.
Greenpeace publica esta semana el informe Renovables respetuosas con las personas y la biodiversidad. Buenas y malas prácticas en la implementación de proyectos fotovoltaicos y eólicos en suelo.
Basado en una investigación de Fundación Renovables, se analizan 25 proyectos concretos que evidencian casos de malas y buenas prácticas en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco.
En un contexto en el que tanto España como la Unión Europea están aún lejos de la descarbonización para 2040, agilizar la implantación de las energías renovables es crucial, junto con la reducción del sobreconsumo, la protección de la biodiversidad y la lucha contra las crecientes desigualdades sociales.
Por ello, Greenpeace reivindica que es fundamental buscar la armonía entre la necesaria expansión de las renovables y el cuidado de la biodiversidad, el territorio y las personas que viven en él, a la vez que se avanza en cambios profundos en el modelo de producción y consumo.
«La buena noticia es que es posible hacerlo bien y se está haciendo en muchos sitios. La mala es que ninguna de las comunidades autónomas analizadas se libra de tener malas prácticas en su territorio.
Hay empresas que, cegadas por el dinero, intentan repetir el mismo esquema de los combustibles fósiles en la implantación de las renovables, sin tener en cuenta las necesidades de las comunidades que las acogen y considerando las garantías ambientales como obstáculos o meros trámites que cumplir lo más rápido posible.
Frente al poder de las grandes corporaciones, necesitamos ampliar la transparencia y la participación de la ciudadanía en la democratización del sistema energético», ha declarado Sara Pizzinato, coordinadora de la campaña de energías renovables de Greenpeace.
Greenpeace pide que las que hoy son sólo buenas prácticas deberían ser obligatorias siempre, y las malas prácticas, prohibidas y erradicadas.
Qué se hace bien y qué se hace mal en la implantación de renovables
Entre las malas prácticas más comunes, se encuentran:
- La fragmentación de proyectos.
- Las afecciones medioambientales.
- El impacto cultural y arqueológico.
- La falta de diálogo y participación de las comunidades locales
- La expropiación forzosa.
- El impago de impuestos.
Entre las buenas:
- Una participación temprana de las comunidades locales para influir en los proyectos (ubicación de la planta, de las líneas de evacuación, precauciones ambientales…)
- El uso compartido del suelo de la planta renovable con otros usos previos o con otras fuentes de energía.
- El fomento de empleo local en las plantas o en instalaciones industriales asociadas.
- La reducción de las facturas energéticas de empresas locales o personas vulnerables.
- La apertura a la participación ciudadana en la inversión de la planta.
- Evitar la implantación de la planta en zonas protegidas o de alta sensibilidad ambiental ahí donde no está ya prohibido.
- Evitar la implantación de grandes plantas en zonas agrarias consideradas de interés y especial relevancia (excluyendo el autoconsumo ligado a los consumos locales)
- Evitar el uso de la expropiación forzosa de los terrenos.
Los siete casos de buenas prácticas estudiados indican que los proyectos renovables deberían generar una buena y duradera relación con las comunidades y la biodiversidad que los acogen (2 y 3).
Es interesante señalar que algunos de los casos de buenas prácticas, además, tienen que ver con la actuación de las Administraciones locales. Por ejemplo, algunas veces facilitan procesos de diálogo y concertación entre los promotores y la población local; otras aprovechan los ingresos adicionales derivados de la carga fiscal sobre las plantas renovables para financiar políticas sociales, contra las desigualdades y para mejorar la vida de las personas a nivel local.
Normas que favorecen las malas y las buenas prácticas
El informe señala algunas normativas estatales como alarmantes porque fomentan precisamente las malas prácticas. Entre ellas, la “tramitación medioambiental express” (Art. 22 del RDL 20/2022), que abre la puerta para que determinados proyectos puedan recortar las garantías ambientales y la participación pública.
El estudio también ha detectado que tanto la normativa estatal como las autonómicas tienen fuertes disparidades en las medidas propuestas para el despliegue de las renovables. Todavía no hay procesos claros para fomentar la participación ciudadana temprana y pocas abren al público la participación económica en los proyectos renovables corporativos, con medidas tales como el establecimiento de una cuota de participación obligatoria en el accionariado/inversión (como en Baleares, Cataluña y Navarra) o priorizando los proyectos que se abren a participación respecto a los que no lo hacen (propuesta aún sin aprobar en la C. Valenciana). Estas medidas, aunque positivas, necesitan aún mejoras para facilitar la participación ciudadana de forma efectiva.
Otros casos interesantes para fomentar las buenas prácticas son la creación de zonas de exclusión para la implantación de las energías renovables (ej. en Castilla-La Mancha) o limitar la capacidad expropiatoria de los promotores en caso de declaración de “utilidad pública” (Islas Baleares). Sin embargo, son aún experiencias muy limitadas y puntuales.
El informe también incluye ejemplos de normativa sobre participación ciudadana en Dinamarca, Países Bajos y Noruega, y concluye que es perfectamente posible conseguir una implantación de las energías renovables urgente al mismo tiempo que respetuosa con las personas y la biodiversidad.
Demandas de Greenpeace
- Derogar la “tramitación ambiental express” en todas las zonas a excepción de las de baja sensibilidad ambiental a la vez que se reintroduce el trámite de participación pública en este mecanismo.
- Coordinar con las comunidades autónomas una zonificación ambiental para el despliegue de las renovables en suelo que excluya las zonas protegidas y acelere el desarrollo de renovables en las zonas de baja sensibilidad ambiental (suelos urbanos, industriales, aparcamientos, infraestructuras y zonas degradadas).
- Introducir mecanismos para priorizar los proyectos más participativos y más respetuosos con la biodiversidad.
- Publicar directrices obligatorias para proteger y, en su caso, mejorar, la biodiversidad local en el despliegue de los proyectos renovables en suelo.
- Garantizar la participación ciudadana desde las fases más tempranas de los proyectos renovables.
- Prohibir las actuales malas prácticas empresariales, como la fragmentación de proyectos, desarrollo en áreas protegidas y de alta sensibilidad ambiental, recortar la participación pública o las expropiaciones innecesarias.
- Transparencia: publicar en un mapa todos los proyectos en operación y en tramitación así como la información relacionada con su expediente.
- Asegurar el acceso a la red eléctrica y priorizar en las subastas a los proyectos renovables ciudadanos y respetuosos con las personas y la biodiversidad.
En palabras de Sara Pizzinato: “No estamos en la senda para reducir a cero las emisiones para 2040, así que es clave agilizar la reducción de la demanda, la implantación de energías renovables y el abandono de los combustibles fósiles. No es aceptable, sin embargo, que sea a costa de las garantías ambientales y de la participación ciudadana. Hay alternativas eficaces y viables”.
Greenpeace señala que queda mucho camino por recorrer en el aumento de la eficiencia y en adecuar, como sociedad, los niveles de consumo y necesidades energéticas con criterios de justicia y responsabilidad social y ambiental.
Es crucial que se tomen medidas encaminadas a lograrlo. Al mismo tiempo, y dado que es imprescindible agilizar el despliegue de renovables, Greenpeace pide al nuevo Gobierno que legisle para que nadie ponga sus beneficios económicos por encima de las personas y el planeta, ni siquiera en el urgente desarrollo de las energías renovables.
En este enlace puedes descargarte el informe completo.
CAB/DR.