El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley por el que se reformará la legislación civil y procesal en lo referido a las limitaciones de la capacidad jurídica por razón de discapacidad, a fin de acabar con la incapacitación judicial completa de estas personas y, en su lugar, favorecer su capacidad de decisión con un sistema de apoyos adecuado.